La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, dijo este miércoles estar “absolutamente convencida” de que el movimiento de la discapacidad participará en la reforma de la legislación sobre centros especiales de empleo.
En el marco de la jornada ‘La economía de los cuidados: una perspectiva desde la iniciativa social de la discapacidad’ en el Congreso de los Diputados, en la que se presentó Igualis, una nueva federación empresarial que agrupa a asociaciones de iniciativa social, Merino fue preguntada por el anuncio que hizo ayer, martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la reforma de la legislación que regula los centros especiales de empleo, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de los empleados con discapacidad.
Merino expuso que la relación “de carácter especial” que tienen los centros especiales de empleo es “necesaria” al tiempo que afirmó que la regulación que los rige data de 1985, requiriendo una revisión “en profundidad” para adaptarla a los nuevos tiempos.
“Somos plenamente conscientes de que los centros especiales de empleo cumplen una función social enormemente importante y que permiten en la mayoría de los casos, o esa es la idea, el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario”, trasladó.
Merino explicó que el “compromiso” del Ministerio con las personas con discapacidad se articula, por una parte, a través de la secretaría de Estado de Trabajo, que se encargará de llevar esta reforma, y por otra parte, por su secretaría de Estado, que abarca también a centros especiales de empleo que forman parte de la economía social.
Así, se mostró “absolutamente convencida” de que las personas con discapacidad “van a ser escuchadas y van a tener participación” en el debate sobre la reforma de los centros especiales de empleo, pues “cualquier reforma busca el consenso de los actores protagonistas”.
Merino también citó el “compromiso” del Ministerio con desarrollar el libro blanco del empleo de las personas con discapacidad, en el que a los centros especiales de empleo se les dedicará una parte “importante”.