Organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, tercer sector, sindicatos e incluso la propia Dirección General del Gobierno de España han expresado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de mantener el actual esquema de incentivos y bonificaciones para el impulso del empleo de las personas con discapacidad.
El compromiso se ha hecho realidad gracias a un acuerdo entre la propia vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en virtud del cual no se eliminarán incentivos al empleo de las personas con discapacidad en el marco del anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad que ultima este ministerio.
Este pacto llega tras dos semanas de gran inquietud y fuerte rechazo en el sector de la discapacidad, dado que el texto, al concluir la fase de consulta pública, eliminaba la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo. Derogar la legislación actual ponía en riesgo el trabajo directo de casi 100.000 personas contratadas en este tipo de entidades y las dejaba en situación de absoluta vulnerabilidad, según reconocieron a Servimedia fuentes del sector.
Además, esta reforma del Ejecutivo afectaba a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad e incluso modificaba la regulación laboral vigente para el Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene algún tipo de discapacidad.
DIÁLOGO EXITOSO
La rectificación del Gobierno se plasmó finalmente tras una reunión el viernes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con el Cermi. Esta entidad fue quien anunció públicamente que Trabajo ha aceptado las demandas del movimiento social de la discapacidad y mantendrá en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación laboral de personas pertenecientes a este colectivo.
El Cermi valoró que cualquier decisión normativa futura sobre las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad se llevará a cabo a partir de las conclusiones y recomendaciones del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad que está preparando en estos momentos el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, en el que participa el movimiento representativo de la discapacidad.
Además, el Cermi subrayó que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a que cualquier modificación sobre las bonificaciones e incentivos para la contratación de personas con discapacidad en España se hará siempre en diálogo y previa consulta con este sector y los interlocutores sociales.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz promoverá con celeridad una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33%, a efectos laborales, que desapareció en 2018 a causa de una sentencia judicial que advirtió un defecto meramente formal en la norma que la aprobó en 2013.
En paralelo, la titular de la cartera de Trabajo publicó un mensaje en sus redes sociales tras la reunión con el Cermi en el que apuntó que la reunión tenía el objetivo de “alcanzar un acuerdo que mejore la inserción laboral y coopere, de la mano del diálogo, en la mejora de las condiciones de trabajo de todas las personas con discapacidad”.
Fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que, en la última semana, se han producido intensos y a la vez discretos contactos con el sector para tratar de llegar a un acuerdo y calmar la incertidumbre que estaba provocando el texto del anteproyecto por el temor a que miles de empleos con discapacidad quedaran desprotegidos y muchos centros especiales tuvieran que cerrar al perder las ayudas públicas que reciben en la actualidad por dar trabajo a personas en riesgo de exclusión.
La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya dio pistas el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de que el anteproyecto de Trabajo no saldría adelante como estaba escrito inicialmente y negó "categóricamente" que el Gobierno fuera a seguir adelante con la derogación de las ayudas al empleo de personas con discapacidad.
“No hay, y esto quiero dejarlo muy claro, ninguna voluntad de eliminar ninguna deducción que tenga que ver con la discapacidad. He escuchado alguna noticia a este respecto y nada más alejado de la realidad”, declaró antes de afirmar que hay que hacer “todo lo contrario” para que "cada una de las deducciones o de los incentivos fiscales que se ponen en marcha tengan la mayor eficiencia económica posible".
El acuerdo final ha sido aplaudido incluso dentro del ámbito gubernamental, donde la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, ambos dependientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, festejaron la solución acordada entre Trabajo y el Cermi e incluso manifestaron que colaborarán con el sector de la discapacidad para poner en marcha nuevas medidas que impulsen el empleo de este colectivo.
EJEMPLO EN EUROPA
Junto a esta reacción positiva dentro del propio Gobierno, desde el viernes se han producido en cascada multitud de manifestaciones procedentes de diferentes ámbitos que celebran que el Ministerio de Trabajo haya dado marcha atrás en el propósito que había plasmado por escrito en el anteproyecto de ley y se haya comprometido expresamente a mantener las ayudas vigentes para el empleo de personas con discapacidad dado que este colectivo tiene una tasa de paro superior al 22% que casi dobla la media nacional del 12%.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sostuvo por ejemplo en una entrevista con Servimedia que el actual sistema “funciona” y que España es “un ejemplo” en Europa en materia de “integración” de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
“En todo caso, hay que ver cómo hacemos que funcione mejor pero no cómo cerramos una de las puertas que hacen que funcione y que grupos como ILUNION puedan dar trabajo a casi 100.000 personas en nuestro país, muchas de ellas en una situación de discapacidad importante”, aseveró.
En opinión de Álvarez, la intención que tenía Trabajo de derogar incentivos al empleo de personas con discapacidad es un “atropello” y, de producirse, su organización lo combatiría “por tierra, mar y aire”. Además, avisó que de llegar al Parlamento algún tipo de medida en este sentido, UGT tratará de que sea rechazada por la mayoría de la Cámara.
Desde el sector de la discapacidad, el director de Plena inclusión España,, Enrique Galván, dijo a Servimedia que el acuerdo produce “alivio”, ya que “en un momento de inflación como el actual necesitamos seguridad y certidumbre respecto a las ayudas y subvenciones con que contamos”.
El secretario de Finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel-Aníbal García Diego, proclamó que "la noticia tranquiliza mucho al sector", que temía por el mantenimiento de miles de empleos. También elogió la disposición al diálogo del Ministerio de Trabajo y subrayó la importancia de la interlocución social con el sector de la discapacidad.
Finalmente, celebró el acuerdo también la Plataforma del Tercer Sector (PTS), organización paraguas de decenas de miles de organizaciones sociales de todo el país y a la que pertenece el propio Cermi.